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La nueva Ley de Servicios Profesionales o el “todo vale”

Como sabréis, el pasado viernes se celebró el Consejo de Ministros y, entre algún que otro dislate, se puso sobre la mesa el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Este documento, según su introducción, se ha realizado “en defensa del interés general” y “estableciendo condiciones de libre competencia”. Hasta ahí las intenciones parecen muy loables, pero su desarrollo no lo es tanto y su presentación ha provocado un revuelo entre diversos colectivos profesionales como enfermeros, farmacéuticos, abogados o arquitectos, que se han posicionado ante la propuesta. De hecho, llevaban ya algún tiempo posicionándose, desde que a finales del 2012 empezó a circular el borrador, pero ha sido su ratificación, casi al pie de la letra, en el Consejo de Ministros lo que ha confirmado los temores y ha abierto la caja de Pandora.

Según el extracto que publica hoy La Moncloa sobre el Consejo de Ministro celebrado, los objetivos planteados en defensa del interés general se basan en que se “elimina obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales”, es decir, que se abre el campo para que un número elevado de actividades profesionales no solo sean ejercidas por los profesionales propios a la actividad, que están formados para ello, sino que otros profesionales con algún conocimiento tangencial de dicha actividad también podrían ejercerla, y todo esto en beneficio de la “libre competencia”. En épocas de crisis, todo vale.

En el caso concreto de las competencias para ejercer la arquitectura va a significar que no solo los arquitectos van a poder ejercerla (lo que en primera instancia parecería lo natural) sino que, como expresa el Anteproyecto de Ley en su disposición final decimoquinta, cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios (…), la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto o ingeniero que ostente conocimientos reconocidos en materia de proyección de edificaciones. Claro, las preguntas inmediatas que surgen son: ¿qué significa “conocimientos reconocidos en materia de proyección de edificaciones”? y ¿a que se refieren en concreto con “edificaciones”, pues tampoco lo dejan muy claro. Se abre un campo de ambigüedades.

Yo soy arquitecto y recuerdo que en la carrera estudié una asignatura de Legislación y otra de Economía. Entonces, vamos a suponer que por esta regla de tres tendría conocimientos reconocidos sobre esas materias y, en consecuencia, si se aprobara la Ley y tuviera que cerrar mi oficina (la que ya mantengo a duras penas) por no poder competir en la batalla por lo honorarios, podría dedicarme a ejercer la abogacía o a asesorar a empresas sobre cuestiones fiscales. No se si lo haría tan bien como un abogado o como un economista, pero está claro que podría ofrecer honorarios más económicos que ellos y eso parece ser que es lo que vale, dejando en segundo término que sea el profesional preparado para hacerlo y que pueda ofrecer un servicio de calidad.

No nos dejemos engañar. Esta Ley no es beneficiosa ni para los colectivos ni para la sociedad porque se está desprotegiendo la profesionalidad, ninguneando una formación que tanto ha costado alcanzar para adquirir unas habilidades acorde con el trabajo que se va a desarrollar, porque nos va a empujar a todos a una pelea de perros entre profesionales, justo en el momento en el que todos nos deberíamos unir para proteger nuestros derechos y no ir perdiéndolos paso a paso. Es evidente que está Ley ha sido presentada por el ministerio de Economía pues una vez más, prima la pasta sobre el resto. Ya hemos sido bastante vapuleados y estamos perdiendo poco a poco muchas cosas, pero mantengamos al menos la dignidad.

Hay muchos manifiestos de los distintos grupos afectados. El CSCAE lleva casi 25.000 adhesiones a la Declaración por la Arquitectura Española. Es el momento en el que debemos dejar de lado asperezas y unirnos para defender que la Arquitectura no desaparezca en este país.

 

Arquitecto, devaneos de un oficio.

En este post queremos aportar nuestro granito de arena sobre un tema,  “el tema” que más se está reproduciendo en distintos foros y que no es otro que el estado de nuestra profesión, y digo profesión con la más pura acepción de oficio, que es lo que entendemos que debe ser. También aprovechamos y vamos calentando motores para el Conversatorio sobre la profesión que va a tener lugar en el Oratorio San Felipe de Cádiz el lunes 10 de septiembre a las 12.30h. en el que tendremos el gusto de participar como moderadores y que prácticamente va a inaugurar la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU)

También nos queremos hacer eco de lo que se dijo hace ya un par de meses en el Laboratorio de Ideas del COAG, en el que no pudimos estar físicamente, pero sí en espíritu y que cogió al toro por los cuernos, abordando desde un COA las preguntas:

¿Por qué contar con un arquitecto?

¿Cómo contribuye un arquitecto a la mejora de la ciudades?

¿Cuáles son los campos de trabajo de un arquitecto?

¿Cómo se comunica el arquitecto con la sociedad?

 

Para empezar situándonos, estamos sumidos en una crisis, no solo una crisis económica general, sino una crisis que afecta particularmente a nuestra profesión, de la que no somos del todo culpables pero sí cómplices ya que, en cierta medida, muchos hemos participado de esta situación de formas distintas, desde recibir y aceptar encargos que han obedecido a intenciones puramente especulativas o a materializar ensoñaciones magnánimas de tal o cual alcalde terminando por crear una red de infraestructuras insostenibles e inviables por todo el territorio, que son las pruebas del delito, y si no hemos participado de esto directamente, lo hemos permitido. La estima de nuestra profesión a ojos de la sociedad está dañada y va a ser complicado volver a recuperar el crédito perdido y hacer entender que la arquitectura es un servicio.

Si analizamos la consideración en que nos tienen nuestros clientes potenciales, podríamos decir que la sociedad nos ve:

-como persona impuesta por la administración para realizar una obra.

-como mercenarios al servicio del sector inmobiliario, como brazo armado del especulador.

-como arquitecto-estrella que cobra honorarios millonarios por diseñar artefactos icónicos sin control alguno de los presupuestos de ejecución ni intención de tenerlo.

-y también como “el profesional que supo entender las necesidades del cliente y las cualidades y defecto del entorno, para traducirlo al lenguaje de la técnica constructiva y plasmarlo la forma de una edificación”. Desgraciadamente, estos son los menos.

Por otro lado, los constructores nos ven como un mal necesario por imposición administrativa y, finalmente, los propios arquitectos nos vemos como el ombligo del mundo, como los salvadores la humanidad, y esto en culpa, en parte, por la formación que hemos recibido.

Todas estas apreciaciones pueden parecer sarcásticas o exageradas y derrotistas, pero no están muy alejadas de la realidad, al menos en relación a las la forma del ejercicio profesional tal y como lo entendemos tradicionalmente. Para volver a recuperar el crédito profesional, como dice Daniel Ayala, “vamos a tener que abandonar nuestra zona de confort. Es a partir de partir de abandonar esta zona de seguridad en donde recuperaremos espacios perdidos por la profesión, donde tendremos voz en los ámbitos de influencia, donde seremos capaces encontrarnos con la sociedad a través de darles cabida a través de nuevas formas de “hacer la ciudad”, donde conseguiremos incorporar a nuestra ejercicio profesional los instrumentos tecnológicos a nuestro alcance y sobre todo donde jóvenes y veteranos arquitectos encontremos el espacio de encuentro para construir el futuro de nuestra profesión”.

Para echar más leña al fuego, a parte de la deteriorada relación entre arquitectura y sociedad, hay que añadir otra serie de cuestiones que afectan directamente a nuestro colectivo y que habría que replantearse para ver hacia donde vamos a orientar la nave.

En los últimos tiempos ha estado muy en boga la alternativa de diversificar nuestro radio de acción profesional, más allá de la práctica profesional clásica, como una de las soluciones a la falta de trabajo y al aumento de arquitectos “en activo” en vías de estarlo. Esta búsqueda de posibles nichos de acción ha llegada hasta la publicación por parte del CSCAE de una lista de posibles opciones profesionales para arquitectos, en la que se echa de menos algunas no relacionadas directamente con la construcción. Realmente, nuestra formación generalista y las capacidades que hemos adquirido durante el ejercicio profesional, hacen del arquitecto una figura versátil y con aptitudes para asumir responsabilidades y trabajos, no solo tangenciales al ejercicio tradicional, sino a trabajos totalmente distintos. Por el contrario, hay quien considera que, más que aprovechar unas cualidades, sería una huida y que con los tiempos que corren, la mayoría de los nichos a los que podríamos acceder están ya ocupados por otros profesionales expresamente formados para desarrollar esos trabajos. La polémica está servida.

También consideramos necesario traer a consideración varios aspectos respecto a la formación que se imparte en las Escuelas de Arquitectura, empezando por la abundante proliferación de las mismas en la última década y continuando preguntándonos que tipos de arquitectos se está formado en nuestras escuelas. Además de una buena base técnica y analítica-sensitiva-creativa, ¿se están dando herramienta  a los futuros arquitectos herramientas para saber desenvolverse en le desarrollo de su profesión? ¿abarca la formación habilidades de tipo empresarial y de gestión para no naufragar en el intento de ejercer libremente? ¿son conscientes los recién titulados del carácter social de su profesión? ¿se está creando una masa de arquitectos-estrella estrellados?

Un tema que no podemos dejarnos atrás que, más que asunto del futuro de la profesión, es una necesidad de ya mismo, es el de los honorarios. A todos se nos habrá escapado algún encargo porque el cliente se ha decantado por otra oferta más económica, sin valorar más aspectos. Esto es normal dentro de una competencia libre. El problema empieza cuando escasean los contratos y las rebajas de honorarios llegan a unos extremos solamente soportables si se ofrece un servicio de baja profesionalidad (caso en el que todos salimos perjudicados por lo obvio y por el desprestigio que comporta esta práctica a ojos de los clientes y de la sociedad) o si se dispone de un equipo de recién titulados o estudiantes que cobran poco o nada por el “privilegio” de tomar contacto con el ejercicio profesional de la mano de un “profesional de prestigio” y que acaban como eternos becarios. Esta situación, por supuesto, es extensible a los concursos de arquitectura convocados por administraciones, que aprovechan la situación y en los que se permiten autenticas escabechinas en las bajas de honorarios.

Muchos de los problemas que estamos sufriendo nos vienen por falta control o previsión. Nuestra profesión no ha caracterizado por ser corporativista o por poner especial empeño en defender los intereses comunes. Es ahora más que nunca cuando los COAs deberían personalizar este papel de defensa ante prácticas de dudosa ética que nos condena como colectivo y asumir la representación real de un grupo de profesionales y la comunicación con la sociedad a la que sirve, además de  recuperar su como condensador de intereses antes los propios arquitectos, muchos de los cuales ven a estos organismos absorbidos por cuestiones burocráticas más que sumidos en la defensa del colectivo.

Podríamos seguir señalando temas susceptibles de considerar para entender la situación actual de los arquitectos pero entendemos que los referidos son suficientes para plantear un punto de partida para la reflexión. Esperamos que podamos seguir profundizando en estas cuestiones, sobre las que hemos pasado muy por encima, y que podamos contrastar opiniones en el Conversatorio del próximo lunes.

Allí nos vemos!