La nueva Ley de Servicios Profesionales o el “todo vale”

Como sabréis, el pasado viernes se celebró el Consejo de Ministros y, entre algún que otro dislate, se puso sobre la mesa el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Este documento, según su introducción, se ha realizado “en defensa del interés general” y “estableciendo condiciones de libre competencia”. Hasta ahí las intenciones parecen muy loables, pero su desarrollo no lo es tanto y su presentación ha provocado un revuelo entre diversos colectivos profesionales como enfermeros, farmacéuticos, abogados o arquitectos, que se han posicionado ante la propuesta. De hecho, llevaban ya algún tiempo posicionándose, desde que a finales del 2012 empezó a circular el borrador, pero ha sido su ratificación, casi al pie de la letra, en el Consejo de Ministros lo que ha confirmado los temores y ha abierto la caja de Pandora.

Según el extracto que publica hoy La Moncloa sobre el Consejo de Ministro celebrado, los objetivos planteados en defensa del interés general se basan en que se “elimina obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales”, es decir, que se abre el campo para que un número elevado de actividades profesionales no solo sean ejercidas por los profesionales propios a la actividad, que están formados para ello, sino que otros profesionales con algún conocimiento tangencial de dicha actividad también podrían ejercerla, y todo esto en beneficio de la “libre competencia”. En épocas de crisis, todo vale.

En el caso concreto de las competencias para ejercer la arquitectura va a significar que no solo los arquitectos van a poder ejercerla (lo que en primera instancia parecería lo natural) sino que, como expresa el Anteproyecto de Ley en su disposición final decimoquinta, cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios (…), la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto o ingeniero que ostente conocimientos reconocidos en materia de proyección de edificaciones. Claro, las preguntas inmediatas que surgen son: ¿qué significa “conocimientos reconocidos en materia de proyección de edificaciones”? y ¿a que se refieren en concreto con “edificaciones”, pues tampoco lo dejan muy claro. Se abre un campo de ambigüedades.

Yo soy arquitecto y recuerdo que en la carrera estudié una asignatura de Legislación y otra de Economía. Entonces, vamos a suponer que por esta regla de tres tendría conocimientos reconocidos sobre esas materias y, en consecuencia, si se aprobara la Ley y tuviera que cerrar mi oficina (la que ya mantengo a duras penas) por no poder competir en la batalla por lo honorarios, podría dedicarme a ejercer la abogacía o a asesorar a empresas sobre cuestiones fiscales. No se si lo haría tan bien como un abogado o como un economista, pero está claro que podría ofrecer honorarios más económicos que ellos y eso parece ser que es lo que vale, dejando en segundo término que sea el profesional preparado para hacerlo y que pueda ofrecer un servicio de calidad.

No nos dejemos engañar. Esta Ley no es beneficiosa ni para los colectivos ni para la sociedad porque se está desprotegiendo la profesionalidad, ninguneando una formación que tanto ha costado alcanzar para adquirir unas habilidades acorde con el trabajo que se va a desarrollar, porque nos va a empujar a todos a una pelea de perros entre profesionales, justo en el momento en el que todos nos deberíamos unir para proteger nuestros derechos y no ir perdiéndolos paso a paso. Es evidente que está Ley ha sido presentada por el ministerio de Economía pues una vez más, prima la pasta sobre el resto. Ya hemos sido bastante vapuleados y estamos perdiendo poco a poco muchas cosas, pero mantengamos al menos la dignidad.

Hay muchos manifiestos de los distintos grupos afectados. El CSCAE lleva casi 25.000 adhesiones a la Declaración por la Arquitectura Española. Es el momento en el que debemos dejar de lado asperezas y unirnos para defender que la Arquitectura no desaparezca en este país.